La Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de fiscalizar el uso del dinero público, pese a que su nombramiento ha generado polémica por vínculos familiares con el gobierno de la 4T, acusaciones de “auditorías a modo” y por tener una empresa que recibió contratos del gobierno del Estado de México mientras él ya trabajaba en la ASF auditando recursos federales. Entre 2018 y 2018, su empresa, Inteligencia Institucional, obtuvo dos contratos por un total de más de 2.1 millones de pesos para trabajos de cableado en una dependencia estatal.
Contratos públicos durante su vinculación con la ASF
La empresa Inteligencia Institucional, fundada en 2015 por Aureliano Hernández Palacios Cardel y su padre, recibió dos contratos del gobierno del Estado de México durante el sexenio de Alfredo del Mazo. El primero, firmado el 21 de junio de 2018 por 1 millón 680 mil pesos, y el segundo, el 4 de diciembre del mismo año, por 496 mil 398.80 pesos. Ambos fueron destinados a la instalación de redes de cableado en un edificio del entonces Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Lo polémico es que Hernández ingresó a la ASF el 1 de agosto de 2018, lo que significa que el primer contrato se otorgó 41 días antes de su incorporación al órgano fiscalizador, y el segundo, cuando ya llevaba más de cuatro meses en el cargo.
En ese puesto, una de sus responsabilidades era auditar el gasto federalizado en entidades y municipios, lo que genera conflictos de interés al haber recibido contratos de un gobierno estatal durante ese periodo.
Patrimonio triplicado en seis años
Según su declaración patrimonial, Hernández Palacios triplicó su patrimonio desde que ingresó a la ASF. Al momento de su ingreso, reportaba propiedades, vehículos y motocicletas valoradas en 2.5 millones de pesos, acumulados durante 24 años. En seis años en la ASF, su patrimonio aumentó en 7.2 millones de pesos, con la adquisición de dos casas (una de 3.5 millones y otra de 2 millones de pesos) y dos autos más, entre ellos un BMW de 1.4 millones de pesos. Actualmente, su patrimonio supera los 10 millones de pesos, incluyendo joyas y obras de arte.
Acusaciones de auditorías favorecedoras
Una denuncia publicada por Proceso en octubre de 2025 señala que Hernández Palacios habría ordenado emitir “solicitudes de aclaración” en lugar de observaciones por daño al erario en auditorías de estados aliados, como Morelos, donde se detectó la falta de comprobación de gastos por 1,151.2 millones de pesos en servicios de salud. En contraste, en Nuevo León, con un monto menor en irregularidades (192.3 millones), sí se emitió observación por probable daño al erario. Esta disparidad alimenta acusaciones de que habría permitido que gobiernos locales presentaran solo información conveniente tras acuerdos con altos mandos de la ASF.
Vínculos familiares con el gobierno federal
La controversia se amplía por sus nexos familiares con el actual gobierno. Su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, fue secretario particular de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y su tío, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, fue procurador agrario con Andrés Manuel López Obrador y actualmente es titular de la Unidad Jurídica del IMSS-Bienestar. Además, su cercanía con David Colmenares, su antecesor en el cargo, quien lo promovió dentro de la ASF, también ha sido cuestionada, ya que Colmenares ha sido acusado de manipular auditorías a favor del gobierno federal.
Respuesta de la ASF: confirma hechos, no desmiente acusaciones
Ante la investigación, la ASF emitió una nota aclaratoria en la que no niega los contratos recibidos por la empresa de Hernández Palacios, ni el aumento de su patrimonio. Reconoce que la empresa dejó de recibir contratos públicos y que él no participó en auditorías relacionadas con esos contratos. Sobre el crecimiento patrimonial, afirma que responde a sus ingresos. Sin embargo, la ASF guardó silencio respecto a las acusaciones de “auditor a modo” y limitó su respuesta a señalar que no se cometió ilegalidad alguna.