El panorama electoral de México para el próximo 6 de junio de 2027 se perfila como un escenario de posible fraude y erosión de la democracia, según un análisis de la situación política actual. Se estima que en dicha jornada se disputarán 19 mil 609 cargos de elección popular, en un proceso que podría alejarse de los estándares de equidad de las últimas tres décadas para retomar prácticas de intervención y manipulación de resultados por parte del grupo en el poder.
El análisis advierte que el movimiento de la Cuarta Transformación busca no solo mantener la mayoría en el Congreso y las gubernaturas, sino consolidar un modelo de democracia iliberal que centralice el poder en el Ejecutivo. Este proceso implicaría el fin de la transición democrática y el establecimiento de un régimen con características similares a las autocracias observadas en otros países, donde se eliminan los contrapesos y la vigilancia sobre los abusos de autoridad.
Debilitamiento de instituciones y contrapesos
La crisis institucional se ha manifestado mediante la supresión de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia y el INAI, lo que ha reducido la transparencia y el control al poder. Asimismo, se señala que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha perdido su carácter colegiado para volverse discrecional, mientras que el Tribunal Electoral ha emitido resoluciones favorables al partido en el poder.
Entre las medidas que se consideran parte de este avance hacia el control total se encuentran:
- La reforma para anular elecciones bajo el argumento de injerencia extranjera sin pruebas claras.
- Iniciativas para prohibir la doble nacionalidad en candidatos presidenciales, vistas como herramientas contra opositores específicos.
- El uso de la prisión preventiva oficiosa y la ampliación de delitos sujetos a este régimen como mecanismos de presión política.
Seguridad y gobernanza criminal
Por otro lado, aunque se reporta una baja en los homicidios bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, expertos advierten que este dato es insuficiente para medir la seguridad real. La falta de denuncias, que representa a nueve de cada diez delitos, genera una “zona negra” que impide entender la magnitud de la criminalidad en el país.
Se plantea la existencia de una “gobernanza criminal” donde el Estado y el crimen organizado operan en un duopolio de violencia. Este fenómeno no implica necesariamente la ausencia del Estado, sino una coexistencia que permite controlar territorios mediante la reducción de homicidios pero incrementando otras violencias, como las desapariciones, las cuales no suelen figurar en los informes oficiales de seguridad.
