La presidenta Claudia Sheinbaum sometió al Congreso una iniciativa que designaría a agencias de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para determinar si una persona que aspira a un cargo público implica un ‘riesgo razonable’ de conexión con actividades delictivas, según planteó el gobierno federal este viernes.
Cambio de roles en la verificación de candidatos
El proyecto, enviado formalmente a la Cámara de Diputados el 22 de mayo de 2026, propone crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del INE, integrada por cinco consejeros electorales. Sin embargo, este órgano no investigaría ni tomaría decisiones sobre los aspirantes; su función sería únicamente servir como enlace confidencial entre los partidos políticos y las instancias de evaluación.
La responsabilidad de analizar a los posibles candidatos recaería en la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Estas instituciones, bajo la conducción del Poder Ejecutivo, serían las encargadas de cruzar información y establecer sus propios criterios y metodología para valorar el riesgo.
Procedimiento y alcances del mecanismo propuesto
Bajo el mecanismo planteado, los partidos entregarían al INE listas de sus aspirantes para ser sometidos a evaluación. La comisión electoral las remitiría a las agencias de seguridad, las cuales, usando información indiciaria y verificable, decidirían si existe un riesgo razonable. El INE solo sería notificado sobre si el riesgo existe o no, sin detalles sobre el origen de la valoración, para evitar, según la iniciativa, una criminalización anticipada.
La decisión final sobre registrar o no al candidato evaluado seguiría siendo autónoma de los partidos políticos. No obstante, si durante la revisión las autoridades identifican elementos relevantes, podrían iniciar o continuar investigaciones penales o financieras con independencia de la decisión partidista.
La Comisión del INE no realizaría investigaciones directas sobre los aspirantes. Su función consistiría únicamente en recibir los listados y remitirlos, bajo criterios de confidencialidad, a las instancias competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y asuntos financieros.
Contexto político y viabilidad legislativa
El gobierno federal anunció su intención de impulsar este mecanismo el 21 de mayo, con el objetivo declarado de evitar que los partidos postulen perfiles con posibles vínculos con el crimen organizado, respetando el principio de presunción de inocencia. La reforma busca modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), lo que requiere mayoría simple en el Congreso, una condición que Morena y sus aliados tienen actualmente.
La propuesta no define legalmente qué constituye un ‘riesgo razonable’, delegando esa conceptualización a las propias dependencias de seguridad. Cabe señalar que, aunque formalmente autónoma, la FGR está dirigida por Ernestina Godoy, quien se desempeñaba como consejera jurídica de la presidenta Sheinbaum antes de su designación.
