Legisladores del partido Morena en el Congreso de la Unión han presentado una iniciativa para modificar la elección de jueces, buscando elevar los requisitos para los aspirantes y separar este proceso de las contiendas políticas generales.
Detalles de la propuesta
La reforma constitucional plantea que cada persona candidata a un puesto judicial deberá obtener una certificación de competencias expedida por la Escuela Nacional de Formación Judicial, eliminando la revisión de calificaciones académicas que, según el texto, “no necesariamente reflejan competencias sustantivas”.
Además, se establece la creación de un Observatorio Ciudadano encargado de dar seguimiento y evaluar el desempeño de quienes ocupen los cargos, bajo criterios de “objetividad, transparencia y rendición de cuentas”. Según los promotores, “Este instrumento garantizaría la publicidad de las actividades de los órganos judiciales, favoreciendo el acceso a la información y consolidando una cultura de apertura institucional que fortalezca la confianza pública en la impartición de justicia”.
Motivación y cambios de fondo
La iniciativa surge después de que algunos funcionarios judiciales electos en 2025 fueran criticados por demostrar un desconocimiento de sus funciones. La propuesta también busca evitar que la elección de jueces coincida con otros procesos electorales, argumentando que esto genera riesgos como “una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos; saturación informativa para el electorado; incremento del voto desinformado; politización de candidaturas judiciales; y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral”.
Entre los cambios estructurales clave se encuentra el traslado de la próxima elección judicial, originalmente prevista para 2027, al primer domingo de junio de 2028. También se modifica la integración de la Suprema Corte, requiriendo que cinco de sus nueve ministros tengan experiencia previa en el Poder Judicial.
Proceso de aprobación y firmantes
El documento fue suscrito por los diputados y senadores de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Vázquez Vázquez, Javier Corral y Susana Harp. Para su entrada en vigor, necesita una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso federal y la ratificación de la mayoría de los congresos estatales.
La iniciativa busca corregir y ajustar la reforma judicial que fue aprobada en los últimos días de la administración de Andrés Manuel López Obrador y cuyos primeros efectos se observaron ya durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Otros puntos notables incluyen que las sentencias de la Corte solo serán obligatorias para todos los niveles de gobierno si cuentan con al menos seis votos y se plasman en una tesis jurídica, y que se unificarán los tres comités de selección de candidaturas (uno por cada poder) en un solo comité con tres representantes de cada uno. Además, la toma de protesta de los funcionarios electos ya no se realizará en el Senado, sino en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
