Una profunda fractura dentro del régimen ha emergido en torno al combate al crimen organizado, tras la resistencia de sectores leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador a permitir que la presidenta Claudia Sheinbaum impulse procesos contra militantes de Morena por presuntos vínculos con cárteles de drogas. Este bloqueo político debilita la posición de Sheinbaum frente a Estados Unidos, que exige acciones concretas contra funcionarios mexicanos señalados como cómplices del crimen organizado, sin cuyos apoyos, según Washington, las organizaciones criminales no habrían alcanzado su actual poder.
Obstáculos internos al desafuero y lucha por la soberanía
Ante la amenaza de una posible intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano, Sheinbaum exploró vías para depurar a su propio partido, buscando equilibrar la defensa de la soberanía nacional con la necesidad de demostrar que la impunidad ha terminado. Sin embargo, una propuesta presentada en el Consejo Nacional de Morena a inicios de mes —que buscaba desafueros acelerados para gobernadores, alcaldes y legisladores con indicios de vínculos con el crimen organizado— no logró siquiera someterse a votación.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presidente del Consejo, junto con Rafael Barajas, “El Fisgón”, principal asesor político de López Obrador y encargado del Instituto de Formación Política de Morena, frustraron la iniciativa. Durazo argumentó que la propuesta atentaba contra la “integridad” del obradorismo, invocando el ejemplo del expresidente. Esta justificación, vista como cínica por analistas, protege a decenas de funcionarios morenistas en la frontera, Michoacán y Sinaloa, sobre quienes existen investigaciones en Estados Unidos.
Presión externa y cooperación en riesgo
La construcción de una muralla de impunidad en torno a políticos mexicanos ha erosionado la cooperación bilateral. Un símbolo de esta tensión fue la reciente reunión en Washington entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el director de la DEA, Terry Cole, quien entregó una lista con 30 nombres de políticos de Morena vinculados al crimen organizado. Esta acción responde al manejo opaco del caso del general Salvador Cienfuegos, exonerado rápidamente por la Fiscalía General de la República pese a las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.
“La broma se cuenta sola, pero con esa justificación que parecería cínica, selló la posibilidad de que en México, figuras como él… pudieran ser sujetos de acciones penales en México.”
Ataques mediáticos y regresión política
Además del sabotaje institucional, el ala dura del obradorismo ha intensificado sus ataques mediáticos contra García Harfuch, acusándolo de complacencia con Donald Trump. Estas críticas indirectamente dañan a Sheinbaum y promueven un regreso a la política de “abrazos, no balazos”, que permitiría a los cárteles operar bajo protección oficial, como ocurrió durante la administración de López Obrador —quien también enfrenta investigaciones en Estados Unidos.
Sheinbaum ha resistido estas presiones. En septiembre, rechazó presentar al Senado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, pese a la insistencia del secretario de Estado Marco Rubio. Cada vez que se le han entregado listas de políticos morenistas señalados, su respuesta ha sido pedir pruebas, aunque reconoce que ya posee información propia. La propuesta al Consejo Político de Morena era su mejor alternativa para navegar entre ambos frentes.
Debilidad interna y riesgo de intervención
Sin embargo, como le advirtió Rubio durante su encuentro en Palacio Nacional, Sheinbaum carece de fuerza interna para imponerse. Mientras ella teme una acción unilateral de EE.UU., el ala radical de Morena apuesta a convertir a México en un búnker para proteger a sus aliados delictivos. Esta postura, que rechaza recortar pérdidas, podría provocar un costo mayor si Washington avanza en su hoja de ruta, similar a la seguida con Venezuela: construir una narrativa progresiva que justifique acciones militares.
El general Gregory Guillot, comandante de la Fuerza Aérea del Comando Norte, advirtió ante el Congreso de EE.UU. que, aunque no ha habido enfrentamientos directos, el acoso a funcionarios estadounidenses y el hackeo de sus comunicaciones por cárteles ha crecido. En su testimonio de 21 páginas, Guillot evocó eventos históricos como el hundimiento del Maine y el incidente del Golfo de Tonkin, utilizados en el pasado para justificar intervenciones militares.
