Una compleja red de compañías simuladoras de operaciones, conocidas comúnmente como “factureras”, emergió en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López y se extendió a al menos seis entidades gobernadas por Morena, así como a instituciones federales. Entre ellas destaca Segalmex, escenario del mayor escándalo de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Documentos oficiales revelan que esta estructura empresarial empleó fachadas legales, domicilios compartidos, notarías comunes y representantes repetidos, acumulando contratos por más de 2 mil 360 millones de pesos.
Trabajadores como fachada legal
Miguel Ángel, un chofer y ayudante logístico en eventos populares de Villahermosa, figura como accionista de Comercio y Construcción de Tabasco SA de CV, una empresa sancionada por el SAT por simular operaciones. A pesar de su ocupación real, su nombre aparece en documentos como socio de una compañía que operaba desde un centro comercial vinculado a la familia Bermúdez Requena. Esta práctica no es aislada: empleados comunes han sido utilizados como prestanombres para encubrir a los verdaderos dueños de estas empresas.
Carlos Suárez Alor, quien labora como auxiliar administrativo en Rager de Tabasco —compañía fundada por los Bermúdez Requena—, también fungió como apoderado legal de Construagregados Hopelchén, otra firma incluida en el listado definitivo de factureras del SAT. La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) confirma que decenas de empresas en Tabasco han recurrido a esta táctica, utilizando identidades de trabajadores, oficinistas y beneficiarios de programas sociales para simular propiedad legal.
Conexiones políticas y empresariales
El entramado empresarial se fortaleció durante el gobierno estatal de Adán Augusto López y posteriormente se expandió a Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, así como a instancias federales como Conagua y Segalmex. Al menos 20 empresas forman parte de esta red, muchas de las cuales están conectadas con Alejandro Márquez Rodríguez, un empresario tabasqueño conocido como “El Ganso” y cercano a Adán Augusto López. Incluso lo acompañó en su gira como precandidato presidencial de Morena en 2024.
El piso 15 del edificio empresarial más alto de Tabasco está registrado a nombre de Corporación Inmobiliaria Villahermosa, en la que Adán Augusto es copropietario. En ese mismo nivel se ubica el domicilio fiscal de Mar & Mel del Sureste, cuya única accionista es una vendedora de productos Omnilife y cosméticos Seytú. Esta empresa ha recibido más de 4 millones de pesos en contratos y subsidios en gobiernos morenistas de Tabasco y Chiapas.
Simulación de competencia en licitaciones
La investigación detectó múltiples casos de simulación de competencia en procesos de contratación. En uno de mayo de 2024, Conagua recibió ofertas de tres empresas: Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México; Comercio y Construcción de Tabasco (declarada facturera); y Proyectos, Obras y Suministros del Sureste. Las dos primeras reportaron domicilio en la calle Tres 214, colonia Reforma, en Villahermosa, mismo lugar donde se localizan otras firmas relacionadas. La tercera, Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, utiliza como alterno un inmueble en la manzana 39, colonia Valle del Jaguar, también vinculado a la estructura.
En agosto de 2019, la Secretaría de Educación de Tabasco invitó directamente a Choco Publicaciones y Comercializadora Centro Tabasqueño, ambas con sede en la calle Tres 214. Dos meses antes de que el SAT iniciara una investigación formal, el Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, convocó en diciembre de 2024 a Construagregados Hopelchén, Comercio y Construcción de Tabasco y Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México. Las tres coincidieron en tener el mismo domicilio fiscal.
Contratos millonarios a empresas sin capacidad
Grupo Comercial e Industrial Tenda recibió dos contratos de Segalmex por un total de 113 millones de pesos para abastecer maíz y frijol en 2022 y 2023, pese a carecer de experiencia, infraestructura y capacidad operativa para manejar granos. José Ignacio de la Cruz Montejo aparece como apoderado legal tanto de Tenda como de Comercio y Construcción de Tabasco, empresa ya sancionada por el SAT. Ambas compañías declararon como domicilio Árboles 101, interior 12, un inmueble propiedad de la familia Bermúdez Requena.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el contrato PSG/84/2022, por 24 millones 845 mil pesos, y encontró que Tenda no contaba con los recursos técnicos, financieros ni operativos necesarios. Además, sus movimientos bancarios mostraron operaciones relacionadas con insumos de laboratorio y material médico, no con logística de granos. Al momento del contrato, solo tenía seis empleados registrados en el IMSS.
“Tenda no acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata ni con los recursos técnicos, financieros y operativos necesarios”
La ASF determinó que Tenda operó como intermediaria: subcontrató el 100% del servicio a Comercializadora Columbia, sin ejecutar directamente las tareas de movilización y entrega. Tampoco presentó órdenes de movilización, certificados de depósito ni papeles de finiquito. A pesar de estas irregularidades, Segalmex le otorgó un nuevo contrato en julio de 2023 por 88.3 millones de pesos para suministrar frijol negro.
Metodología de la investigación
MCCI analizó más de 4,100 documentos durante cuatro meses, incluyendo 1,067 facturas, 1,980 contratos, 400 procedimientos de adjudicación y 350 actas mercantiles. Además, se presentaron 315 solicitudes de acceso a la información a dependencias estatales y federales para reconstruir la red de empresas, contratos, domicilios y representantes legales. MCCI envió un cuestionario a Adán Augusto López a su correo del Senado el viernes previo a la publicación; no hubo respuesta al cierre de la investigación. Este domingo, anunció que renunciaría a la dirigencia de Morena en el Senado.
