El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma que impedirá salir de México a las personas con deudas de pensión alimentaria confirmadas por un juez, medida que también les bloqueará la renovación del pasaporte y la licencia de conducir.
Cambio en la ley y creación de un registro nacional
La modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recibió 86 votos a favor en la Cámara alta y ya fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El eje de la medida es el nuevo Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que funcionará como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal.
Este registro concentrará en tiempo real la información de deudores y acreedores alimentarios con resoluciones judiciales firmes. La base de datos será alimentada directamente por el Poder Judicial de la Federación y estará disponible para distintas autoridades para validar trámites y aplicar restricciones.
Consecuencias para los deudores
Las autoridades advirtieron que quienes incumplan sus obligaciones alimentarias enfrentarán varias limitaciones. Además de la imposibilidad de tramitar o renovar el pasaporte y la licencia de conducir, no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ocupar puestos como juez o magistrado.
También se complicarán trámites notariales como la compra de inmuebles o la transmisión de derechos. Al momento de casarse, el Registro Civil deberá informar si alguno de los contrayentes figura en el registro como deudor alimentario.
Motivo de la medida y próximos pasos
La implementación de esta reforma responde a datos del INEGI que indican que 7 de cada 10 padres divorciados en México no pagan la pensión alimenticia. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) será el encargado de administrar el registro y contará con 300 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto para ponerlo en funcionamiento en todo el país.
Tanto la Constitución mexicana como la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que la pensión alimenticia es un derecho fundamental, por lo que el Estado busca endurecer las medidas para garantizarlo, incluso al punto de impedir la salida del país.
