México arriba al 8 de marzo con un saldo de 6 mil 440 feminicidios registrados entre enero de 2019 y enero de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En este periodo, también se contabilizaron más de 28 mil mujeres desaparecidas o no localizadas, mientras que 635 niñas y adolescentes menores de 18 años fueron víctimas de estos crímenes de género.
Alarmante contexto en el Día Internacional de la Mujer
Las entidades con mayor incidencia de feminicidios son Sinaloa, la Ciudad de México y el Estado de México. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) advirtió que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida sigue siendo una batalla contra estructuras institucionales que perpetúan la impunidad y los estereotipos de género.
“Llegamos a este 8 de marzo en un contexto alarmante. Desde nuestra experiencia documentada, sostenemos que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal”
, afirmó el OCNF.
Debilitamiento de mecanismos de protección
El organismo señaló que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), herramienta clave para combatir la violencia extrema, ha sido sistemáticamente debilitada. Tras la reforma al artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya no es obligatorio que los estados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas. Esta facultad ahora depende de un sistema nacional cuya eficacia ha sido cuestionada.
María de la Luz Estrada, directora del OCNF, destacó que
“Lo que estamos viendo no es un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir. Quitar la obligatoriedad de los informes, centralizar decisiones sin rendición de cuentas y plantear el levantamiento de Alertas sin evaluaciones públicas y técnicas es un mensaje claro de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres”
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Falta de transparencia y recursos mal distribuidos
Aunque se asignaron más de 856 millones de pesos al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas, no hay claridad sobre cómo se distribuyen ni se ejercen estos recursos.
“No basta con asignar presupuesto si no sabemos cómo se ejerce ni bajo qué criterios se distribuye. La opacidad también es una forma de violencia institucional”
, denunció Estrada.
En estados como Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Jalisco, no se ha convocado al grupo de trabajo de la Alerta desde 2025. En el Estado de México, Sonora y Chiapas, apenas se ha celebrado una sola sesión. Tampoco se han actualizado los análisis de contexto ni se ha convocado a expertas independientes para fortalecer el mecanismo.
Levantamiento prematuro de alertas genera preocupación
En el Estado de México se plantea retirar la Alerta en uno de los 11 municipios donde está vigente, alegando una supuesta reducción del 50% en feminicidios. En Guerrero, se evalúa el levantamiento de la AVGM por Agravio Comparado. Ambas decisiones generan alarma, pues se consideran actos de simulación sin avances reales en la protección de las mujeres.
El OCNF también denunció la negativa de investigar muertes violentas como feminicidios, la ausencia de peritajes sociales y el incumplimiento en la identificación de patrones de violencia de género. Guadalupe Ramos, de Cladem, señaló que
“Estas cifras reflejan la magnitud de la violencia que enfrentan las mujeres y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, investigación y búsqueda con enfoque de género”
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