La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no intervenir en un conflicto procesal relacionado con el ataque con ácido sufrido por la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca en 2019, negando así la facultad de atracción solicitada por la Fiscalía General de la República.
Disputa sobre decisión judicial
El máximo tribunal del país resolvió no revisar una serie de amparos vinculados al proceso penal en contra de Juan Antonio Vera Carrizal, empresario y exdiputado priísta acusado de ser el autor intelectual de la agresión. La Corte evaluaba si debía intervenir tras una controversia generada cuando una jueza sustituta anuló una absolución previa y ordenó repetir una parte del juicio oral.
Esta situación se originó después de que el juez original fuera suspendido antes de emitir la sentencia definitiva por escrito, lo que generó el debate sobre la validez de la decisión de la jueza sustituta para dejar sin efectos lo ya resuelto.
“¿Es válido que una jueza sustituta declare la nulidad de todo lo actuado en la audiencia de juicio oral y revoque los efectos de un fallo absolutorio?”, se planteó durante la sesión del máximo tribunal.
Votación y reacción de la víctima
Finalmente, con cinco votos a favor, la Corte decidió no ejercer su facultad de atracción en la solicitud 415/2026. La víctima, María Elena Ríos, reaccionó a la determinación mediante un comunicado.
“El día de hoy yo no perdí, perdió el sistema de justicia en México. La SCJN decidió favorecer al feminicida Juan Antonio Vera Carrizal. Agradezco a la FGR, a las ministras Loretta Ortiz Alph y Yasmin Esquivel, y al ministro Hugo Aguilar Ortiz que mostraron su compromiso por la justicia a las mujeres víctimas de violencia extrema”, afirmó Ríos.
Contexto del caso emblemático
El ataque, ocurrido en septiembre de 2019, implicó el lanzamiento de ácido sulfúrico contra Ríos en Oaxaca, siendo investigado como tentativa de feminicidio. La agresión le causó graves quemaduras en el rostro, pecho, brazos y piernas, requiriendo múltiples cirugías reconstructivas e injertos de piel.
A casi siete años de los hechos, el caso no tiene una sentencia definitiva y ha pasado por diversos recursos y disputas judiciales. Este proceso se ha convertido en uno de los más representativos de la violencia con sustancias corrosivas contra mujeres en el país, impulsando reformas legislativas conocidas como ‘Ley Malena’, que buscan tipificar y sancionar estos ataques y garantizar atención integral a las víctimas.
Desde el ataque, María Elena Ríos se ha posicionado como una de las voces más visibles en la denuncia de la violencia ácida y ha señalado públicamente obstáculos e irregularidades en su proceso judicial.
