El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, mantiene una presión sostenida sobre autoridades mexicanas del partido oficialista Morena, acusándolas de narcopolítica y de actuar como informantes para Washington. Hace sesenta días, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios estatales, vinculándolos presuntamente con el Cártel de Sinaloa. Desde entonces, medios de comunicación en Estados Unidos han mencionado en listas de objetivos no confirmados a otros gobernadores morenistas de estados fronterizos como Sonora, Tamaulipas y Baja California.
Respuesta oficial y acusaciones de injerencia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido a estas acusaciones calificándolas de maniobras injerencistas destinadas a desestabilizar su movimiento político. Instruyó a los miembros de Morena, desde legisladores federales hasta gobernadores, a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional. El gobierno mexicano exigió a Washington pruebas concretas para respaldar los cargos contra Rocha Moya, que incluyen asociación delictuosa para traficar drogas y posesión de armas de grueso calibre, y señaló que no procedería a detenciones o extradiciones sin una investigación propia a cargo de la Fiscalía.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador, mentor de Sheinbaum, reapareció en la escena pública para advertir que los movimientos de Estados Unidos tienen como objetivo debilitar a Morena y fortalecer a la derecha mexicana, con el fin de que EE.UU. vuelva a “disponer de un gobierno entreguista” en el país. Sheinbaum también especuló sobre una posible alianza entre la oposición mexicana y la ultraderecha internacional, y sugirió que Estados Unidos pretende influir en las elecciones intermedias de 2027.
Nuevas revelaciones y amenazas de incursión
Recientemente, publicaciones en medios estadounidenses como The New York Times aseguran que una decena de políticos de Morena colaboran como informantes para autoridades de EE.UU. “contra otros integrantes del partido”, buscando anticiparse a investigaciones. El medio anticipa que esto podría derivar en una “cascada de testigos protegidos y acusaciones” que “podría debilitar” a Morena. Entre los señalados se encuentran los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas), de quienes se había informado sobre la cancelación de sus visados, algo que ambos negaron.
Por su parte, funcionarios del gabinete de Trump han hecho declaraciones públicas amenazando con incursiones en territorio mexicano para atacar directamente a los cárteles de la droga. El propio Trump afirmó en mayo: “Si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, luego de elogiar ataques contra embarcaciones acusadas de tráfico de drogas. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, pidió a México actuar contra los cárteles para que su país “no tenga que hacerlo”. Estas posturas contrastan con reconocimientos de otros funcionarios estadounidenses sobre la amplia cooperación en seguridad obtenida durante el gobierno de Sheinbaum.
Negaciones y rumores internos
Todos los políticos mexicanos señalados han negado las acusaciones. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuya visa fue revocada hace un año, confirmó haber sostenido conversaciones con funcionarios estadounidenses, pero aseguró que solo versaron sobre cómo recuperar su visado. Una fuente federal consultada indicó que los señalamientos sobre narcopolíticos no se han abordado formalmente en reuniones del Gabinete de Seguridad, lo que refuerza la idea de que el Ejecutivo no da crédito a las filtraciones. Sin embargo, la misma fuente señaló que en círculos del oficialismo ya se barajan nombres de morenistas que podrían fungir como informantes de Washington, mencionándose entre ellos a la gobernadora de Baja California.
La presidenta Sheinbaum cuestionó directamente al The New York Times, afirmando: “Primero, no sabemos si es cierto. No tenemos ninguna información de que alguien esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos. Además, ¿informando sobre qué?”. El contexto de estas acusaciones se ve agravado por el descubrimiento de que agentes de la CIA realizaban labores de seguridad en Chihuahua sin autorización del gobierno federal mexicano.
