La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitó a las comisiones de Gobernación y de Justicia nombrar a los legisladores que integrarán la Subcomisión de Examen Previo, cuya función será determinar la viabilidad de las demandas de juicio político que se han acumulado.
Acumulación de expedientes y una demora de 20 meses
El líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, confirmó este paso después de que se revelara que los diputados federales mantienen un archivo de más de mil 200 expedientes contra secretarios de Estado, ministros, gobernadores y otros legisladores, acumulados a lo largo de las últimas cinco legislaturas.
A pesar de esto, la actual integración de la Cámara de Diputados lleva ya 20 meses de funciones sin haber conformado dicha subcomisión para procesar estos recursos.
Urgencia en la designación y casos prescritos
Monreal explicó que ya se comunicó con los diputados de las comisiones de Gobernación y de Justicia para solicitar los nombres de quienes integrarán la Subcomisión de Examen Previo, con el objetivo de tratar el tema en la reunión de la Junta de Coordinación Política del martes.
“Ya hablé personalmente con ellos y están por acreditar a los representantes que, de acuerdo con la ley, integran la subcomisión, y seguramente mañana será tema que discutamos en la Junta de Coordinación Política para acreditarlos y para revisar todos estos expedientes”, dijo.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que muchas de las solicitudes de juicio político que están en espera ya han prescrito, aunque algunos otros expedientes permanecen en pausa a la espera de una resolución por parte de la subcomisión.
Demandas recientes y casos emblemáticos bajo la lupa
Monreal detalló que solo en la legislatura actual, desde septiembre de 2024 hasta la fecha, se han presentado 57 peticiones de juicio político.
Entre ellas se encuentra la interpuesta el 11 de mayo pasado por la dirigencia nacional del PAN y sus grupos parlamentarios en contra del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien es acusado por Estados Unidos de facilitar el narcotráfico, brindar protección al crimen organizado y recibir financiamiento ilícito para su campaña electoral.
Como contraparte, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, anunció una demanda de juicio político contra la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, debido a la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en esa entidad, aunque la presentación formal de este recurso aún está pendiente.
También existen solicitudes previamente presentadas en contra del senador morenista y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López; la actual diputada morenista y exalcaldesa de Playas de Rosarito, Baja California, Hilda Araceli Brown; y la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra.
La lista se extiende además al exfiscal general Alejandro Gertz; el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, así como a Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, exsecretario y exsubsecretario de Salud, respectivamente.
