La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional dirigida al Senado, con el objetivo de establecer un límite a las pensiones de altos funcionarios en entidades públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco de México y organismos de banca de desarrollo, cuyas jubilaciones han sido calificadas como desproporcionadas. La medida busca que ninguna pensión supere el 50 por ciento del salario del titular del Ejecutivo federal.
Alcance y ahorro fiscal
La reforma tendría efectos tanto en pensiones futuras como en aquellas ya otorgadas antes de su entrada en vigor, lo que permitiría al gobierno ahorrar más de 5 mil millones de pesos anuales. Bajo este nuevo marco, exfuncionarios que actualmente perciben hasta un millón de pesos mensuales —como un exsubdirector de Luz y Fuerza del Centro— o jubilados de Pemex con pensiones de 340 mil pesos, verían sus ingresos ajustados a un tope máximo de 70 mil pesos mensuales.
En la exposición de motivos, Sheinbaum fundamenta la retroactividad de la medida en el manejo responsable de los recursos públicos, señalando que esta acción se alinea con el artículo 134 de la Constitución y con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que permite reformas constitucionales con efectos sobre hechos pasados cuando involucran intereses del Estado.
Exclusiones y justificación
La iniciativa excluye expresamente a los miembros de las fuerzas armadas y al personal sindicalizado, aclarando que no se busca afectar derechos adquiridos, sino eliminar privilegios generados por pensiones excesivas financiadas con dinero público. “La intención no es desconocer derechos, sino evitar la generación de privilegios y percepciones desproporcionadas, con recursos públicos”, destacó la mandataria, quien vinculó la propuesta con los principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera.
Además, se advierte que, sin esta intervención, los compromisos derivados de estas pensiones en Pemex, CFE, Banco de México, Nacional Financiera y otras instituciones podrían poner en riesgo la sostenibilidad del gasto público y afectar el bienestar colectivo.
Trámites y ajustes legales
Un artículo transitorio establece que, a partir de la entrada en vigor del decreto, las entidades deberán revisar y ajustar contratos, condiciones laborales y otros instrumentos jurídicos relacionados con pensiones para alinearlos con la nueva norma. Asimismo, se otorga un plazo no mayor a 90 días naturales al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales para adecuar sus marcos jurídicos en materia de pensiones conforme a lo dispuesto.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó mediante redes sociales que la iniciativa fue recibida y turnada de inmediato a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis.
