En los años 2024 y 2025, la violencia derivada del enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa (CDS) se extendió hasta alcanzar a representantes políticos y altos mandos de la policía en el estado. Al comenzar 2026, esta ofensiva criminal se ha centrado especialmente en diputados, funcionarios municipales y jefes policiales, convirtiéndolos en blancos prioritarios.
Escalada de violencia contra figuras institucionales
El incremento de homicidios ligados a la disputa interna del CDS ha rebasado los círculos del crimen organizado, afectando directamente a la clase política sinaloense. Durante el periodo señalado, varios actos de violencia letal han sido registrados, evidenciando una estrategia deliberada por parte de los grupos criminales para minar la estabilidad gubernamental y de seguridad en la entidad.
Este cambio de enfoque en los objetivos delictivos indica una escalada en el poder de coacción de las facciones del CDS, quienes ahora no solo compiten entre sí, sino que también desafían abiertamente a las estructuras del Estado.
