El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha infiltrado y controla el negocio de los tiempos compartidos en varios destinos turísticos de México, convirtiendo este sector en una de sus principales fuentes de ingresos ilícitos. La organización criminal ha perfeccionado un esquema de fraudes que opera con impunidad, afectando principalmente a propietarios extranjeros que buscan vender sus membresías vacacionales.
El modus operandi del fraude
De acuerdo con las investigaciones, el CJNG ha establecido centros de atención telefónica y oficinas falsas que se hacen pasar por empresas legítimas de bienes raíces. Los criminales contactan a dueños de tiempos compartidos, principalmente estadounidenses y canadienses, ofreciéndoles la venta de sus propiedades. Una vez que la víctima acepta, los estafadores solicitan pagos por adelantado para cubrir supuestos impuestos, gastos notariales o comisiones, sin que la transacción se concrete jamás.
Las autoridades han identificado que este fraude no solo se limita a llamadas telefónicas, sino que incluye la creación de sitios web sofisticados y documentación falsa que engaña incluso a compradores experimentados. Las víctimas, al darse cuenta del engaño, enfrentan la dificultad de denunciar desde el extranjero, lo que garantiza la impunidad de los operadores.
El CJNG ha logrado expandir este negocio gracias a la corrupción de funcionarios locales y a la intimidación de testigos y víctimas. En varios casos documentados, las personas que intentaron recuperar su dinero o denunciar el fraude fueron amenazadas de muerte, lo que ha desalentado las investigaciones.
Impacto en la industria turística y la economía local
La presencia del crimen organizado en el mercado de tiempos compartidos ha generado un efecto negativo en la industria turística de México. La reputación de destinos como Puerto Vallarta, Cancún y Los Cabos se ha visto afectada por la percepción de inseguridad jurídica para los inversionistas extranjeros. Además, las empresas legítimas del sector han reportado una caída en sus ventas, ya que los compradores potenciales desconfían de cualquier oferta relacionada con este tipo de propiedades.
Expertos en seguridad señalan que este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años debido a la falta de regulación efectiva y a la capacidad del CJNG para adaptar sus métodos de extorsión a las nuevas tecnologías. Las pérdidas anuales por estos fraudes se estiman en cientos de millones de dólares, dinero que alimenta las operaciones delictivas del cártel.
Organizaciones de defensa del consumidor han solicitado a los gobiernos federal y estatales que implementen campañas de prevención y que fortalezcan los mecanismos de cooperación internacional para perseguir a los responsables. Sin embargo, hasta ahora, las acciones han sido insuficientes para frenar el avance de esta red criminal.
