La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó este jueves que la dependencia a su cargo no mantiene ningún procedimiento penal activo en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que una investigación concluyera que no existía delito alguno que perseguir.
Declaraciones oficiales sobre el cierre del caso
Durante una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que el expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 por el senador Javier Corral, quien alegó presunta privación ilegal de la libertad relacionada con un intento de detención ocurrido antes del inicio de la actual administración capitalina.
Tras realizar las indagatorias correspondientes, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, figura que implica el cierre formal del caso por considerar que no había elementos para continuar un proceso judicial.
“Esta fiscalía determinó a partir de actos de investigación que realizó que no había delito en este caso”, explicó Bertha Alcalde.
Proceso legal y posibles impugnaciones
Alcalde detalló que, una vez emitida la resolución de archivo, el denunciante, el senador Corral, ejerció su derecho a impugnar la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un procedimiento contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Este recurso derivó en la citación de las partes involucradas para una audiencia ante un juez de control, donde se debatirá la posible reapertura de la carpeta de investigación, que actualmente se encuentra cerrada.
Postura de la defensa y contexto político
Por su parte, Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora Campos, calificó los procedimientos en su contra como parte de un “hostigamiento sistemático”. La denuncia del senador Corral, quien actualmente preside la Comisión de Justicia del Senado y es miembro de Morena, se relaciona con el caso conocido como “Tinge”, donde se acusó a Campos del delito de secuestro.
La fiscal Bertha Alcalde defendió la objetividad de su dependencia, afirmando que las decisiones se tomaron con base en los elementos recabados y no por motivos políticos, independientemente de los perfiles de los involucrados. “Esta fiscalía es objetiva”, aseveró, señalando que la actuación institucional demuestra que no se actuó en contra de la mandataria estatal.
