La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se presentó ante la Fiscalía General de la República pero rechazó someterse a una entrevista en calidad de testigo. La investigación se relaciona con un operativo estatal en el que participaron agentes de Estados Unidos.
La mandataria estatal, perteneciente al PAN, acudió a la FGR para responder a un citatorio emitido por el ministerio público Julio César Jaimes Carmona. Sin embargo, firmó un oficio donde dejó constancia de su negativa a colaborar bajo esa figura legal.
Argumentos legales de la gobernadora
En el documento, Campos calificó el requerimiento como “incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”. Expresó que su disposición a colaborar no debe interpretarse como “un sometimiento, fáctico o legal”.
La gobernadora argumentó que la legislación vigente no otorga atribuciones a la Fiscalía para citar a los titulares de los poderes ejecutivos estatales. Además, señaló que el citatorio no especificaba claramente el objetivo de la diligencia solicitada.
Preocupación por una posible imputación encubierta
Campos manifestó su preocupación por ser convocada como testigo cuando, en el fondo, podrían buscarse responsabilidades penales en su contra. Citó el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que un testigo no está obligado a declarar sobre hechos que pudieran derivar en una imputación.
Esta confusión no es un defecto menor. Una citación que invoca a la vez el régimen del testigo y el del imputado, y que omite precisar su objeto, coloca a la compareciente en riesgo de una diligencia materialmente preimputativa, encubierta bajo la fórmula de una entrevista.
Finalmente, la gobernadora panista ofreció responder a cualquier solicitud de información que sea enviada formalmente al gobierno del estado de Chihuahua.
