La Fiscalía General de la República (FGR) informó el hallazgo de nuevos elementos probatorios que podrían incrementar los cargos penales contra el exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’. Esta evidencia fue localizada durante un cateo realizado en una bodega situada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y sugiere su vinculación con redes delictivas adicionales a las que ya enfrenta.
Ernestina Godoy, quien dirige la FGR, comunicó a los medios de comunicación que el material encontrado en el inmueble de la capital del país está relacionado tanto con el esquema de huachicol fiscal por el que el exmandatario se encuentra recluido, como con otros delitos que la institución actualmente investiga.
Evidencia de contrabando y nuevos delitos
Durante el operativo de inspección, las autoridades aseguraron diversos documentos que incluyen contratos, actas de asambleas y pedimentos de importación. Según la fiscal, estos papeles arrojan luz sobre el funcionamiento de una red de contrabando de combustible en la que participan el exgobernador y otras 24 personas, de las cuales 13 permanecen prófugas.
“El análisis de lo asegurado permitió identificar indicios relevantes sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, los cuales aportan mayores elementos del modus operandi y abrirían nuevas líneas de investigación sobre esta compleja red de contrabando de combustible”.
La titular de la dependencia subrayó que la información obtenida permite entender mejor cómo operaba la organización y podría derivar en investigaciones sobre otros esquemas de criminalidad que la fiscalía ya tiene bajo la lupa.
Situación jurídica del exgobernador
Respecto a la situación actual de Ernesto ‘N’, la funcionaria aclaró que la FGR no ha recibido una notificación formal sobre la solicitud del exgobernador para cambiar su medida cautelar por prisión domiciliaria. Actualmente, el exfuncionario permanece bajo custodia en el penal de El Altiplano.
Finalmente, Godoy aseguró que en el centro penitario se le brindan todos los cuidados de salud necesarios y se garantiza el respeto a sus derechos, enfatizando que la institución actúa bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.
