La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer este viernes la detención de 27 personas, la mayoría ya vinculadas a proceso, por su presunta participación en una red de explotación ilícita de plazas públicas, comúnmente llamados ‘aviadores’. El esquema, que habría operado desde 2021, causó un perjuicio patrimonial al gobierno estatal superior a los 96 millones de pesos.
Modus operandi de la red
De acuerdo con las autoridades, el mecanismo consistía en asignar puestos gubernamentales a personas que no realizaban las labores correspondientes o que, sin siquiera ocupar el cargo, recibían un salario para sí mismas o para terceros. La investigación señala que participaron funcionarios y exfuncionarios de diversas dependencias.
La denuncia inicial fue presentada el pasado 4 de mayo por el representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), quien detectó 459 altas de personal en plazas docentes sin que los supuestos empleados cumplieran con sus funciones.
Perfil de los implicados y reparto de ganancias
Entre los investigados se encuentran dos exsubsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como coordinadores, delegados administrativos, directores y subdirectores de las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, además de la Oficialía Mayor y la SECTI. Se identificó que muchos de los acusados tenían lazos familiares o de gran confianza, y que incluso al dejar sus cargos oficiales mantenían su participación en el esquema.
El comunicado de la fiscalía detalla que algunos servidores públicos actuaban como ‘reclutadores’ de personas allegadas. A los titulares ficticios de las plazas se les entregaba una fracción mínima del sueldo, por ejemplo, 6 mil pesos de un total de 200 mil, mientras que los cabecillas se quedaban con la mayor parte.
Mecanismos de encubrimiento y beneficios
Para evitar ser descubiertos, los involucrados realizaban registros de entrada en horarios nocturnos y se les instruía a cerrar cuentas bancarias y negar cualquier vínculo con el gobierno durante auditorías. La investigación también establece que algunos de los investigados se asignaron a sí mismos plazas de docente con sueldos de 50 mil pesos mensuales para incrementar el monto de sus futuras pensiones.
Según la FGJEM, los acusados realizaban viajes a destinos como París, Dubái, Las Vegas y China, además de poseer vehículos y accesorios de lujo que no coincidían con sus ingresos oficiales como empleados públicos.
De las 33 personas contra quienes se ejerció acción penal, 27 ya fueron aprehendidas y cinco han promovido juicios de amparo.
