El mercado de telefonía celular en México perdió casi un millón de líneas activas durante los primeros tres meses de 2026, una contracción atribuida a la entrada en vigor del registro obligatorio con Clave Única de Registro de Población (CURP) implementado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Caída en contrataciones y afectación a operadores
Según datos de la consultora Unidad de Inteligencia Competitiva (CIU), la medida regulatoria ha frenado principalmente la contratación de nuevos servicios, especialmente en el esquema de prepago, al introducir requisitos adicionales y procesos más complejos.
América Móvil, dueña de Telcel, registró una pérdida de 391 mil líneas, mientras que AT&T vio una caída de 577 mil. Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) también redujeron su base en 74 mil líneas.
La barrera está en la entrada, no en la salida
La consultora destaca que el impacto principal no se encuentra en un aumento de cancelaciones, sino en una fuerte disminución de nuevas altas. Las ‘adiciones brutas’ o nuevas líneas activadas cayeron drásticamente: Telcel perdió 1.2 millones de contrataciones frente al trimestre anterior, AT&T registró una baja de 1.4 millones y los OMV tuvieron una reducción de hasta 3 millones.
Paradójicamente, la tasa de cancelación o ‘churn’ disminuyó: Telcel reportó un 3%, AT&T un 5.6% y los OMV un 7.4%, lo que confirma que los usuarios actuales no están abandonando el servicio en masa.
Consecuencias y advertencias a futuro
La CIU advirtió que, de continuar esta tendencia, podrían generarse efectos negativos como un menor acceso a la conectividad en sectores vulnerables, una reducción de la competencia en el mercado y una desaceleración en el crecimiento de los operadores virtuales.
La consultora propone un enfoque más flexible para cumplir los objetivos regulatorios sin afectar el crecimiento del sector, sugiriendo enfocar el registro en nuevas líneas —no en las ya existentes—, evitar esquemas rígidos y retroactivos, y reducir las fricciones en el proceso de contratación.
Para los usuarios, el cambio implica más requisitos para activar una línea, procesos potencialmente más largos o complicados y una menor oferta en segmentos económicos.
