Dos testigos vinculados a la esfera de poder del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Amílcar Olán y Germán Pérez, mantienen diálogos con autoridades estadounidenses, lo que representa una grave amenaza para la red político-empresarial denominada Grupo Tabasco, acusada de enriquecimiento ilícito durante el sexenio anterior.
Las filtraciones que desataron la crisis
Germán Pérez, una figura clave aunque poco conocida públicamente, fue quien desencadenó el escándalo al filtrar a medios y organizaciones civiles grabaciones telefónicas comprometedoras en 2023. En esas conversaciones se mencionaba a los hijos de López Obrador como cabezas de negocios multimillonarios, generando una sacudida en la estructura de poder.
La reacción del grupo fue inmediata y defensiva. Se inició una investigación para descubrir el origen de las filtraciones. Mario Pacchiano, operador financiero del entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, contrató los servicios de espionaje de Susu Azano Hetser, conocido como Mr. Susu, para localizar a Pérez en Chiapas.
La red de espionaje y la persecución
Susu Azano Hetser, hijo de un vendedor del programa Pegasus, tomó el control de la empresa familiar Security Tracking Devices, especializada en vigilancia de dispositivos móviles. Actualmente enfrenta dos investigaciones por espionaje y presuntas relaciones con el crimen organizado, tanto en Estados Unidos como en Israel.
Gracias a la información proporcionada por Azano Hetser, las autoridades chiapanecas, encabezadas entonces por el exgobernador Rutilio Escandón (cuñado de López Hernández), detuvieron a Pérez bajo la acusación de un presunto fraude. Según versiones de personas cercanas al caso, Pérez fue golpeado y torturado, pero al no poderse probar los cargos, fue liberado dos meses después. Funcionarios mexicanos señalaron que posteriormente se trasladó a una pequeña ciudad en el condado de Los Ángeles, donde lleva tiempo colaborando con las autoridades federales estadounidenses.
Las fugas y el dinero en movimiento
Por su parte, Amílcar Olán, quien supuestamente mantiene lazos familiares con los López Obrador, no detuvo sus actividades comerciales inmediatamente después de difundirse las grabaciones. Solo mucho después, al percibir un cambio en el ambiente político y el flujo constante de denuncias de corrupción dentro del obradorismo, decidió salir de México. Primero viajó a Dubái y luego a Suiza.
En septiembre, autoridades mexicanas detectaron que Olán había transferido tres mil millones de pesos mediante rutas diseñadas por un tabasqueño integrante de las nuevas redes de factureros del régimen. Actualmente, se encuentra bajo vigilancia y hay inquietud en círculos de Tabasco por la aparente pérdida de ese dinero y la sospecha de que Olán esté conversando con agentes de Estados Unidos, lo que podría convertirlo en un testigo cooperante.
La omisión presidencial y la impunidad persistente
El expresidente López Obrador estuvo al tanto de las actividades de sus hijos desde al menos 2022, más de un año antes de que surgieran los primeros indicios públicos de corrupción. Audomaro Martínez, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia y exjefe de seguridad de López Obrador por años, le entregó un expediente sobre las acciones de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán. Aunque el expresidente llamó, reclamó y regañó a su hijo, finalmente no ocurrió nada y las actividades continuaron, al igual que las del Grupo Tabasco.
La nota incluye un aparte sobre Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera cesado en diciembre pasado tras revelaciones sobre propiedades y lujos desproporcionados a sus ingresos y la cancelación de su visa estadounidense. Márquez Hernández envió una carta al columnista describiéndose como un funcionario honesto, eficiente y libre de cualquier probable delito, sin procesos jurídicos en su contra.
