La desaparición de al menos 10 mineros en Sinaloa mantiene en vilo a la opinión pública, en medio de una escena de violencia creciente en la región y de informaciones fragmentadas por parte de las autoridades. Aunque el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció una reducción del 42% en homicidios dolosos durante los últimos cinco meses, el caso de los trabajadores desaparecidos el 23 de enero evidencia la persistencia de la inseguridad en el noroeste del país.
Versiones oficiales y testimonios contradictorios
Omar García Harfuch, titular del Gabinete de Seguridad, sostuvo que el secuestro se debió a una confusión por parte de un grupo criminal vinculado a Los Chapitos, quienes habrían creído que los mineros pertenecían a una organización rival. Sin embargo, esta versión choca con los relatos de familiares y compañeros de los desaparecidos, quienes indican que hombres armados llegaron al campamento Clementinas en Concordia, en plena mañana, y se los llevaron de forma directa desde el lugar donde residían.
El ataque no ocurrió en una carretera o en medio de un enfrentamiento fortuito, sino que fue una incursión planificada al asentamiento minero, lo que intensifica las dudas sobre cómo el crimen organizado pudo actuar con tal impunidad.
Restos hallados en fosas clandestinas
La situación se agravó con el anuncio de la Fiscalía General de la República (FGR), que el lunes confirmó la identificación de los restos de cinco de los mineros en fosas clandestinas localizadas en El Verde, comunidad cercana a Concordia. Otros cinco cuerpos permanecen en proceso de identificación. Este hallazgo hace poco probable que los desaparecidos sigan con vida, aunque la FGR mantiene las investigaciones bajo estricto resguardo.
La lentitud en la difusión de información ha generado desconfianza, especialmente ante la posibilidad de que más cuerpos estén enterrados en otras fosas de la zona, lo que refleja una dinámica de ocultamiento sistemático por parte del crimen.
Guerra entre cárteles y control territorial
La sierra sur de Sinaloa, antes un escenario relativamente estable, ha sido arrastrada a la guerra entre facciones rivales. Los Chapitos, liderados por los hijos del Chapo Guzmán, enfrentan a Los Mayos, grupo comandado por los herederos de Ismael Mayo Zambada. Esta pugna ha rebasado los límites tradicionales de Culiacán y ha llegado a municipios como Concordia, Escuinapa, El Rosario y Mazatlán.
Según fuentes de seguridad, en la zona serrana de Mazatlán operan dos grupos: uno ligado a Los Chapitos, dirigido por Gabriel Nicolás Martínez (Gabito o el 80) y su hermano Óscar (Casco), y otro conocido como Los Cabrera, proveniente de Durango y Coahuila, aliado del Mayo Zambada y su hijo Mayito Flaco. La disputa se centra en el control de rutas entre Sinaloa y Durango, laboratorios de drogas sintéticas y la influencia en sectores económicos formales, como la minería.
Empresas bajo presión y riesgos internacionales
Harfuch afirmó que no existía registro de extorsiones a la empresa minera Vizsla Silver, que opera en la comunidad de Pánuco, en Concordia. Tampoco la compañía ha emitido declaraciones. Sin embargo, cualquier vínculo, directo o indirecto, con grupos considerados narcoterroristas por Estados Unidos —como el Cartel de Sinaloa— podría implicar graves consecuencias internacionales, incluyendo sanciones por financiamiento al terrorismo, tras la clasificación emitida por el gobierno de Donald Trump hace un año.
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gabinete de Seguridad sostendrá una reunión con el gremio minero para abordar los retos de seguridad que enfrentan en la región.
Un contexto de violencia recurrente
Las alertas en la zona no son nuevas. En abril de 2025, Vizsla Silver suspendió temporalmente sus trabajos de campo debido a la inseguridad en la sierra sinaloense, especialmente en rutas estratégicas entre Mazatlán y Durango. Ya entonces, tiroteos, explosivos caseros y ataques con drones eran comunes. Ese mismo mes, las autoridades hallaron cerca de 3.000 artefactos explosivos —minas terrestres y bombas aéreas— en una comunidad de Concordia, evidenciando la sofisticación del crimen local.
A pesar de las detenciones y operativos en los últimos 16 meses, el control territorial por parte de los cárteles sigue desafiando al Estado, mientras familias, empresarios y comunidades viven bajo una constante amenaza.
