Ulises Lara López, quien fuera vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, renunció este martes 14 de julio a la Fiscalía General de la República (FGR), apenas seis meses después de haber sido designado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. La salida ocurre en un contexto de controversia para la dependencia, relacionada con el caso del traslado ilegal de ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes federales de alto nivel, Lara López argumentó “motivos personales” para justificar su renuncia. Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado oficial que detalle las circunstancias de su salida, aunque se sabe que el exfuncionario era un hombre de la entera confianza de la fiscal general, Ernestina Godoy.
Antecedentes y polémicas
Ulises Lara fue designado el pasado 2 de enero como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, luego de que Ernestina Godoy asumiera el cargo al frente de la FGR. Antes de eso, Lara se desempeñó como vocero de la Fiscalía capitalina hasta finales de 2023 y, tras la salida de Godoy de esa institución, asumió el mando de manera interina.
Su nombramiento como fiscal de la Ciudad de México se descartó porque no cumplía con el requisito de cinco años de experiencia como litigante. Además, generó controversia que hubiera obtenido el título de Derecho de forma acelerada en el Centro Universitario Cúspide de México, cuando previamente solo contaba con cédula en Sociología.
Cargos previos y casos pendientes
Antes de llegar a la FGR, Lara ocupó diversos puestos en la administración pública capitalina: fue director ejecutivo de Formación Continua y Servicios Estudiantiles de la Secretaría de Educación (2013-2014), director del Instituto de Educación Media Superior (2015-2016), coordinador de la Unidad de Implementación del Proceso de Transición en la Procuraduría capitalina y, del 5 de diciembre de 2018 al 15 de julio de 2020, coordinador de asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Durante su gestión al frente de la Fiscalía Especial, el departamento a su cargo investigaba las acusaciones por narcotráfico y posesión de armas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó contra nueve altos funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya. La FGR ha señalado que Estados Unidos no ha entregado las pruebas que justifiquen una detención urgente, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó las solicitudes de extradición como un acto de “injerencia” e intervencionismo.
