La desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Veracruz pone de manifiesto las graves deficiencias de los mecanismos estatales para proteger a los comunicadores en México, según señaló la académica Grisel Salazar Rebolledo de la Universidad Iberoamericana.
Críticas a los protocolos de protección
La experta indicó que los sistemas actuales son excesivamente burocráticos, lentos y no consideran las circunstancias específicas de cada región.
“Una de las grandes fallas de la política pública de protección de periodistas es que asume que todos los casos son iguales y que de estado a estado las circunstancias son las mismas”,
señaló Salazar Rebolledo.
La académica criticó que, incluso ante hechos tan graves como un secuestro transmitido en vivo, las autoridades locales siguen atrapadas en procedimientos lentos y formalismos administrativos.
“¿Qué más se necesita para levantar las alarmas? Las primeras horas son cruciales y ahí pudieron pasar muchas cosas”,
afirmó.
Vulnerabilidad de la prensa local
Roxana Guzmán es fundadora del medio local Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz, desde donde documentaba denuncias ciudadanas, problemas de servicios públicos y temas de seguridad. Su caso refleja la extrema vulnerabilidad de las periodistas que trabajan en estados con altos niveles de violencia contra la prensa.
La comunicadora ya había solicitado apoyo institucional desde 2019 tras denunciar presunto acoso por parte de un funcionario municipal. Además, en 2017, su pareja, Carlos Fernández Escalante, fue asesinada a tiros en Nanchital, hecho que la obligó a permanecer varios años fuera de Veracruz antes de regresar a su labor informativa.
Contradicción gubernamental y normalización de la violencia
La Dra. Salazar Rebolledo destacó una contradicción fundamental: los gobiernos aseguran proteger a la prensa mientras simultáneamente la desacreditan desde el poder.
“No puedes articular políticas públicas cuando desde conferencias o entrevistas, las personas que gobiernan se refieren de forma despectiva a las y los periodistas. Es una contradicción en sí misma”,
sostuvo.
Advirtió que la normalización de la violencia contra periodistas se ha profundizado por narrativas de estigmatización impulsadas desde distintos niveles de gobierno, lo que erosiona la percepción social sobre la importancia del periodismo y debilita la solidaridad hacia las víctimas.
Responsabilidad compartida y contexto nacional
La responsabilidad, según la académica, no recae únicamente en las autoridades, sino también en la sociedad para defender el valor democrático del periodismo.
“Estamos normalizando la violencia y eso es algo muy grave. No solo pierden las y los periodistas. Como sociedad perdemos voces, información y capacidad para tomar decisiones”,
aseveró.
De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, al menos 28 periodistas permanecen desaparecidos en México. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, el país ocupa el lugar 122 de 180 naciones evaluadas.
