La Fiscalía General de la República (FGR) convocó este sábado a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que rindan declaración como parte de dos investigaciones separadas. Campos fue citada en relación con el accidente en la sierra Tarahumara donde murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos el mes pasado, mientras que Rocha Moya y otros nueve funcionarios fueron llamados por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
Declaraciones y contexto político
La mandataria panista recibió el citatorio en el Palacio de Gobierno de Chihuahua y anunció que acudirá el 27 de mayo, afirmando que “ahí estaremos porque siempre he dado la cara”. Por su parte, Rubén Rocha reapareció en redes sociales para confirmar que se presentará al “requerimiento con la frente en alto”. La presidenta Claudia Sheinbaum opinó que ambos citatorios “no tienen nada de político”.
Durante el encuentro con los funcionarios que le entregaron la citación, Maru Campos, acompañada de su consejero jurídico, cargó contra la dependencia federal: “Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el Estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses”. Un asesor de su equipo recordó que la gobernadora “tiene fuero constitucional”, pero aclaró que “a pesar de que tiene fuero constitucional hay un citatorio”.
Naturaleza de las investigaciones
La FGR investiga si la presencia de agentes estadounidenses en el operativo donde ocurrió el accidente violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La citación a Campos y al exfiscal estatal César Jáuregui es en calidad de testigos, “derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados”. La dependencia ya había citado a comparecer a 50 agentes de la Fiscalía de Chihuahua.
Respecto al caso de Sinaloa, la FGR indicó que Rocha Moya y los demás funcionarios acusados por la Corte de Nueva York “están siendo citados a rendir entrevista” con la “finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad”. El gobernador, junto con el senador de Morena Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y otros siete cargos, está señalado por proteger a la facción de Los Chapitos contra investigaciones y a cambio de sobornos millonarios.
Reacciones y detalles del accidente
Campos, dirigiéndose al gobierno federal, cuestionó: “A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Ni a ningún otro gobernador de este país”. El paradero de Rocha Moya se desconoce desde que se apartó temporalmente de su cargo.
Dos de los imputados en el caso de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, ya están en manos de la justicia estadounidense tras entregarse voluntariamente la semana pasada. El senador Inzunza comunicó que no utilizará su “inmunidad procesal” y acudirá al citatorio, señalando que “seré abogado de mí mismo”. El alcalde Gámez afirmó tener “confianza” en que prevalezcan “la verdad y la justicia”.
Antecedentes del operativo en Chihuahua
La gobernadora Campos ha sostenido que la investigación es una persecución política de Morena, especialmente de cara a las elecciones de 2027. Afirmó no haber autorizado la presencia de agentes estadounidenses en el operativo de abril y, al ser preguntada sobre si violó la ley, respondió: “Habría que ver las investigaciones. Lo que sí puedo decir… es que un Estado como Chihuahua… necesita forzosamente la cooperación y la colaboración de Estados Unidos; obviamente en los canales institucionales”.
El fiscal César Jáuregui cambió su versión en varias ocasiones antes de que Campos le pidiera la renuncia. Inicialmente dijo que los agentes estadounidenses venían del desmantelamiento de un narcolaboratorio, pero luego indicó que solo habían dado un curso de manejo de drones y que después pidieron ser trasladados a la ciudad de Chihuahua. En ese trayecto, un vehículo del convoy derrapó y cayó por un barranco, causando la muerte de los cuatro ocupantes: dos agentes de la CIA, el director de la Agencia Estatal de Investigación y otro empleado.
