Varias agrupaciones no gubernamentales y ambientalistas han señalado que el vertido de petróleo que hoy afecta el Golfo de México habría comenzado entre el 11 y el 17 de febrero, destacando que las instancias oficiales mexicanas fueron poco transparentes al no informar sobre el suceso y no responder de manera oportuna y efectiva para el control de la contingencia.
Análisis con tecnología satelital
En un pronunciamiento fechado el miércoles 25 de marzo, las organizaciones acusan “conocimiento temprano, contención insuficiente y opacidad oficial”. Según la evaluación de fotografías satelitales presentada, la fuga se originaría en una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, abarcando un área de 50 kilómetros cuadrados.
El informe especifica que, pese a que entre el 6 y el 10 de febrero se observó un buque en la zona donde “habría comenzado el vertido de aceites o crudo en cantidades inicialmente pequeñas”, la descarga aumentó significativamente a partir del día 11 de febrero.
Respuesta oficial cuestionada
Para el 13 de febrero, el reporte señala que “al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención”, lo que, de acuerdo con las agrupaciones, demuestra que “las autoridades tenían conocimiento temprano” del incidente. El texto enfatiza que estas medidas fueron “insuficientes ante la magnitud del incidente”.
Las organizaciones que presentaron la denuncia, incluyendo Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica, argumentan que el manejo del derrame no siguió los procedimientos establecidos en el Plan Nacional de Contingencia (PNC) que está vigente desde el año 2023.
“Ninguna alerta pública fue emitida, impidiendo a las comunidades costeras tomar medidas preventivas”, sostienen.
Consecuencias y exigencias
Agregan que, debido a la dispersión ocasionada por corrientes marinas y condiciones del clima, los residuos habrían alcanzado las costas de Tabasco y Veracruz de manera “gradual, dispersa y sostenida durante las últimas tres semanas”.
Frente a este panorama, los firmantes demandan a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que expliquen las razones por las cuales no se activó el Nivel 3 de respuesta y que determinen a la empresa responsable, aplicando el principio de que “el que contamina paga”.
Llamado a cambio de modelo energético
Finalmente, el comunicado reitera la “urgente necesidad de avanzar hacia una transición energética justa” para prevenir la recurrencia de estos desastres, argumentando que los proyectos de extracción en aguas profundas son una “garantía de que se repitan sucesos como este”.
El pronunciamiento cuenta con la firma de una extensa lista de organizaciones civiles y ambientales.
