La administración de las aduanas mexicanas ha estado marcada por una profunda corrupción que persistió incluso tras su entrega a la Secretaría de Marina en 2021. Aunque el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el control de los 17 puertos marítimos a la Marina con el objetivo de erradicar el saqueo institucionalizado, las estructuras corruptas no solo no fueron desmanteladas, sino que continuaron operando con complicidad de altos mandos.
Rotación de funcionarios bajo sospecha
Ricardo Peralta, designado por López Obrador al inicio de su gobierno en 2018, dejó el cargo tras año y medio por presuntas irregularidades. Le sucedió Ricardo Ahued, quien duró 11 meses por diferencias con el expresidente, seguido de Horacio Duarte, que tampoco consolidó su gestión. Actualmente, Rafael Marín Mollinedo ocupa el puesto y enfrenta acusaciones de cometer posibles delitos electorales, mientras aspira a la gubernatura de Quintana Roo.
Peralta, vinculado con Julio Carmona —hermano de Sergio Carmona, conocido como el “rey del huachicol”—, fue respaldado por la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Hoy representa al gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México. Ahued, sin señalamientos de conducta ilegal, es secretario de Gobierno en Veracruz, mientras Duarte ocupa el mismo cargo en el Estado de México.
Informe interno revela red de corrupción estructurada
Un documento confidencial de la Marina, elaborado en 2022 tras la salida de Duarte, expone una red de corrupción sistémica en la que participaron altos funcionarios civiles y militares. El informe señala directamente a Juan Carlos Madero Larios, subdirector de Operación Aduanera, como la figura central del esquema, junto con José Marcos García Nieto y Caros Narváez Romero, quienes mantenían vínculos con el crimen organizado.
Según el documento, Madero Larios operaba en favor de un contrabandista vinculado con el vicealmirante Felipe Solano Armenta, quien interactuaba con almirantes, representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y civiles. Por su parte, García Nieto y Narváez Romero colaboraban con contrabandistas que controlaban la aduana interna de Pantaco mediante sobornos a personal clave, incluyendo operadores de rayos X y verificadores.
Conexiones con el crimen organizado y operaciones a nivel nacional
La red descrita en el informe tenía alcance nacional. En la Ciudad de México, un contrabandista con cobertura empresarial pagaba a un contralmirante y un teniente de la Marina. En Lázaro Cárdenas, el capitán de Fragata Julián Manuel Otáñez, bajo órdenes del almirante Fernando Farías Laguna, exportaba hierro a China con documentación falsa. Este puerto, además, servía como eje logístico para operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En Manzanillo, el contralmirante Antonio Bandala López y el capitán Rubén Guerrero Alcántar —asesinado en noviembre de 2024 tras denunciar redes de contrabando— administraban la corrupción local. En Mexicali, el jefe de Módulos de la Aduana coordinaba actividades ilícitas, mientras que en Nuevo Laredo, un subadministrador actuaba como enlace directo de Madero Larios. En Nogales, una oficial de Comercio Exterior colaboraba en el despacho aduanero para sostener las operaciones ilegales.
Operaciones en aeropuertos y encubrimiento institucional
En el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, el contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba y el teniente Eddie Ascencio Méndez lideraban una red que pagaba hasta 40 mil pesos a agentes aduanales por operación. El vínculo entre el aeropuerto y Pantaco se establecía a través de un contrabandista y un operador externo registrado desde 2009.
El informe incluye decenas de nombres de funcionarios menores, identidades de contrabandistas y conexiones con el CJNG, acompañado de organigramas y fichas detalladas. Revela además la participación de funcionarios de la FGR que realizaban inspecciones simuladas y alteraban registros para evitar revisiones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“La corrupción en Aduanas no la combatió, sino que, por documentación interna del gobierno, la solapó”
A pesar de la abundancia y precisión de los datos, no ha habido voluntad política para esclarecer los hechos y determinar a los máximos responsables. El almirante Rafael Ojeda, exsecretario de la Marina, recibió la información de los servicios de inteligencia sobre Duarte, pero no tomó medidas. Tampoco se actuó contra Peralta, a pesar de las evidencias.
El caso de los sobrinos políticos del almirante Ojeda, los oficiales Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, involucrados en redes de contrabando de combustible, fue descubierto después de la elaboración del informe, aunque ya existían señales de control indebido en Lázaro Cárdenas bajo su mando.
